Leguina apuesta por la reforma

LEY ELECTORAL

Joaquín Leguina Herrán

Se anuncia que el Gobierno pretende reformar la Ley electoral (que por decisión de no se sabe quién se metió dentro de la Constitución Española de 1978)… Leo el anuncio y me preocupa. Y me preocupa con buenas razones, porque una nueva Ley electoral debería ser consensuada, al menos entre el PP y el PSOE, y ese acuerdo se ha convertido durante los últimos años en un suceso raro. Seguramente tienen la culpa los dos (PSOE y PP), pero habrá de reconocerse que el Gobierno de Zapatero durante la pasada legislatura siempre prefirió embarcarse con nacionalistas de variado pelaje.

Nada ha dicho el Gobierno acerca de los problemas que quiere resolver con esa nueva Ley electoral, y de lo único que habla la prensa es de la desproporcionalidad que viene denunciando IU, formación que con más votos, pero dispersos, obtiene menos diputados que los nacionalistas, menos votados, pero que concentran sus votos en pocas circunscripciones.

¿Cuál debiera ser el objetivo del Gobierno? A mi juicio, es hora ya de plantearse un doble objetivo: 1) sacar la gobernabilidad del Estado de las manos de los nacionalistas, tal y como hoy la tienen a través de una sobre-representación parlamentaria a todas luces escandalosa y 2) que los aparatos de los partidos no sean los únicos que deciden a quién hemos de votar, nos gusten o no las caras y los curricula de sus enlistados candidatos. Dicho de otra forma: se debería acabar con esa brutalidad de: “cómete la lista entera”.

Estos dos objetivos se consiguen mediante un sistema bien conocido: el mayoritario, que se aplica, por ejemplo, en el Reino Unido. Y, si se quiere –para arreglarle el cuerpo a IU o a Rosa Díez-, puede complementarse el modelo eligiendo a una parte de los diputados por el sistema proporcional en listas de ámbito nacional.

El Blog de Joaquín Leguina

El Gobierno cambiará la ley electoral sin tocar la Constitución

Esta noticia ha sido remitida a nuestro mail directamente por su autor, Eduardo Toledo. Le agradecemos la confianza depositada en nosotros.

El Gobierno cambiará la ley electoral sin tocar la Constitución

Sigue la circunscripción provincial que, en las zonas menos pobladas, propicia el bipartidismo y castiga a las minorías.

Eduardo Toledo

El Gobierno tiene previsto solicitar al Consejo de Estado un informe para reformar la actual Ley Electoral de 1985 con una única condición. Desde el Ministerio de la Presidencia, que dirige Fernández de la Vega, tienen muy claro que en ningún caso “se tocará la Constitución”, según informan a LA GACETA fuentes gubernamentales. Sobre el resto, no prejuzgarán nada.

De esta manera, cualquier reforma que se plantee se topará con los dos límites que establece la Carta Magna en su artículo 68. Por un lado, el número de representantes del pueblo que participan diariamente en la cámara baja. “El Congreso se compondrá de un mínimo de 300 diputados y un máximo de 400, elegidos por sufragio universal, directo y secreto”, reza la Constitución. Por otro lado, la referencia geográfica a la hora de contabilizar los votos. “La circunscripción electoral es la provincia”, subraya la Carta Magna.

Posteriormente, la Ley de Régimen Electoral General (Loreg) buscó una regla aritmética (la llamada ley d’Hondt) para traducir de manera proporcional los votos en escaños. Sin embargo, 23 años después de su aprobación, la práctica ha demostrado todo lo contrario. Mientras un escaño en Soria costó 23.000 sufragios en las últimas elecciones generales (9 de marzo), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) necesitó 132.095 sufragios para que Rosa Díez fuera elegida diputada al Congreso por la capital de España.

Zonas poco habitadas

Diferentes expertos electorales han probado, como se hace en este artículo, que la falta de proporcionalidad obedece al reducido tamaño de las circunscripciones. Según el catedrático sevillano Carlos Alarcón en su libro Justicia Electoral, “con la ley d’Hondt se puede conseguir una proporcionalidad prácticamente absoluta si el cuerpo electoral se agrupa en pocas circunscripciones con muchos escaños cada una, y una asignación de escaños desproporcional si se agrupa en muchas circunscripciones con pocos escaños cada una”. Esto último es lo que sucede en España.

El resultado de las urnas, el pasado 9 de marzo, otorgó dos diputados a Izquierda Unida, que obtuvo 969.871 votos, mientras el Partido Nacionalista Vasco logró seis asientos en el Congreso gracias a sus 306.128 sufragios. En otras palabras, el coste de cada diputado de IU fue de 484.936 votos, mientras que el de los parlamentarios del PNV fue de 51.021 apoyos.

Sin embargo, y pese a una creencia generalizada, el actual sistema electoral no premia principalmente a los partidos nacionalistas. El método vigente favorece, sobre todo, a las dos grandes formaciones nacionales (Partido Popular y Partido Socialista) además de a los nacionalistas o regionalistas que superen el 10% de los votos. Hay que recordar que el constituyente perseguía en su momento amplias mayorías que sustentaran gobiernos fuertes y sólidos, en clara contraposición a la sopa de letras de la inestable República.

Falta proporcionalidad

La teórica proporcionalidad queda claramente distorsionada, como prueba la relación entre votos y escaños, superior a cuatro puntos positivos en el caso de PSOE y PP. Salvo para el PNV, para el resto de partidos es negativa, lo que explica el aluvión de peticiones que se están registrando en los últimos meses para cambiar la ley electoral.

Si se ampliaran las circunscripciones a las autonomías, como reclaman el BNG y UPD, se reduciría algo la sobreponderación del PP y el PSOE, mientras saldrían beneficiados Esquerra Republicana de Cataluña, Coalición Canaria y, sobre todo, IU, que alcanzaría siete diputados, cinco más que los que tiene en la actualidad. La desproporcionalidad positiva a favor del PSOE seguiría por encima de los cuatro puntos, tres en el caso del PP. Pese a la reforma constitucional que implica esta propuesta, el cambio tampoco tiene grandes efectos, toda vez que varias autonomías son uniprovinciales. UPD seguiría contando con un único escaño, pese a recibir más de 306.078 votos.

Una tercera posibilidad es la implantación de una circunscripción única, modelo que se sigue para las elecciones europeas. Continúa beneficiando al PP y al PSOE, aunque menos que en los sistemas anteriores, pero acerca al resto de formaciones a la proporcionalidad entre votos y escaños. Los partidos con menos de 70.000 votos no obtendrían representación, por lo que Nafarroa Bai saldría automáticamente del Congreso. IU obtendría 13 escaños y UPD, cuatro. Las diferencias en los costes por diputado se estrechan, y sólo perjudican claramente a Coalición Canaria.

El Cociente Droop

La sustitución de la Ley d’Hondt por otras formas de reparto de votos más proporcionales, como el Cociente Droop, utilizado en Irlanda y Australia, también implican el abandono de la provincia como circunscripción, posibilidad que el Gobierno excluye. En ese caso, se oirían nuevas voces en el Congreso de los Diputados, como las de Eusko Alkartasuna, Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, el Partido Aragonesista, Aralar o Los Verdes, a costa de la actual sobre-representación de Partido Popular y PSOE, cuya principal consecuencia es el fuerte bipartidismo que reina en España desde 1978.

Así las cosas, cualquier cambio de la ley electoral planteado hasta el momento pasa en la actualidad por ampliar a 400 el número de diputados, algo perfectamente factible y plenamente constitucional, como se recuerda al principio de este texto. A pesar de las demandas de formaciones como IU, UPyD o Ciudadanos, tres de los grandes perjudicados, históricamente los dos grandes partidos han eludido el debate de la reforma de la ley electoral. El hecho de que son los dos grandes beneficiados lo argumenta. Todo apunta a que los cambios que realice el Ejecutivo socialista tampoco saciarán a los más dañados por el sistema.

El Presidente de Extremadura apuesta por reformar la ley electoral para buscar una "fórmula más justa"

Vara aboga por una ley electoral "más justa" y que evite los restos "que hay en muchas CCAA"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apostó hoy por reformar la ley electoral para buscar una "fórmula más justa", ya que "no puede ser que a un partido político -IU- le cueste 500.000 votos un escaño, como tampoco es normal que PSOE o PP tengan ciudadanos que les votan y que no valen para nada, que son los restos que hay en muchas CCAA".

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, apuntó que PSOE y PP tienen también un porcentaje de votos que "no se traslada a diputados", por lo que insistió en que "si se pudiera buscar una fórmula en la que eso encajara, sería una fórmula más justa".

Asimismo, el presidente extremo destacó que "a cualquier persona con cierto grado de sentido común le tiene que chocar que una fuerza política como IU saque un millón de votos y tenga sólo dos diputados", ya que eso "no es normal".

Preguntado acerca de una hipotética pérdida de peso parlamentario de las fuerzas nacionalistas con una reforma de la ley, indicó que en España siempre que hay que enfrentarse a situaciones de este tipo se tiene la "sensación de que es para quitar", cuando en este caso, a su juicio, "no es para quitarle a nadie, sino para ponerle".

Así, reiteró que a él no le parece "lógico" que "fuerzas minoritarias" que tienen una representación social importante -de nuevo en referencia a IU- se queden "sin la adecuada representación en el Parlamento".

Extremadura al Día

CiU dice que una reforma electoral sería "una declaración de guerra"

CiU dice que una reforma electoral sería "una declaración de guerra"

Artur Mas expresa su temor a que PP y PSOE acuerden una ley para restar peso a los nacionalistas en las Cortes.

Barcelona. El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió ayer de que consideraría una "declaración de guerra" por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cualquier propuesta de reforma de la ley electoral diseñada para "expulsar o disminuir el peso" de las formaciones nacionalistas en el Congreso.

Mas manifestó que teme que el PSOE planee pactar con el PP una modificación legislativa para reforzar su presencia parlamentaria a costa de los nacionalistas, después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunciara la pasada semana que promoverá una subcomisión en el Congreso para estudiar la reforma de la ley electoral.

"Si se trata, como me temo, de que populares y socialistas pacten una ley electoral para disminuir el peso de los nacionalismos o incluso para expulsarnos de las instituciones españolas, como algunos dicen, esto sería casusbelli , una declaración de guerra en toda regla", alertó.

Según Mas, "es una evidencia que hay muchísima gente del PP y del PSOE a las que les gustaría mucho cambiar la ley electoral para casi expulsar a los partidos nacionalistas del Congreso. Aún no se han atrevido a hacerlo pero unos y otros han hablado mucho de ello".

"Espero que Rodríguez Zapatero no se deje arrastrar por estos cantos de sirena que muchas veces han venido desde el PSOE y no se deje impresionar ni influir por las presiones que puedan venir del PP", añadió.

Mas advirtió además de que un planteamiento de este tipo significaría "cerrar la puerta a cualquier tipo de colaboración" de CiU con el Gobierno de Zapatero. Por ello, ante un hipotético intento de pinza entre PSOE y PP, Mas consideraría necesaria una cumbre del Galeuscat, la plataforma que integran CiU, PNV y BNG, para plantear su oposición a estos planes.

Noticias de Gipuzkoa

El ajuste de la ley electoral tratará de no perjudicar a los nacionalistas

El ajuste de la ley electoral tratará de no perjudicar a los nacionalistas

ANABEL DÍEZ - Madrid - 10/05/2008

Nada sin el PP pero tampoco sin los nacionalistas. Esta es la máxima que presidirá toda regulación, modulación y cambio de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que las Cortes de 1985 aprobaron por unanimidad. Es verdad que la mayoría socialista sólo necesitaría siete votos para sacar adelante la reforma que estimara oportuna pero no quiere quedarse con tan exiguo apoyo. La reforma se quiere hacer con el PP pero sin limitar la presencia de los nacionalistas, a quienes se quiere involucrar al máximo en una política para toda España. Lo cierto es que el PP nunca ha llegado a plantear por escrito una limitación de la presencia de los nacionalistas por la vía de exigir que obtuvieran como mínimo un 3% de los votos a nivel nacional, que es la demanda nítida de Rosa Díez (UPyD). El PP también es consciente de que los grupos nacionalistas son los que completan mayorías para gobernar. Por su parte, IU no quiere limitar la representación de los nacionalistas, pero sí que sus votos tengan una traducción en escaños en la misma medida que la tienen los nacionalistas. Estos tienen mucha más representación que IU con muchos menos votos.

El primer paso será escuchar al Consejo de Estado, al que el Gobierno solicitará en una o dos semanas, por acuerdo del Consejo de Ministros, que estudie una reforma para mejorar la representatividad y la proporcionalidad de la ley. El Gobierno pedirá al Consejo de Estado las posibilidades de cambio del voto de los españoles emigrantes, inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). El sistema de voto por correo que llega a la circunscripción en la que el ciudadano esté censado presenta anomalías que se convierten en acusaciones de corrupción después de cada proceso electoral. Incluso sin irregularidades, el PSOE se pregunta si es normal que unos ciudadanos que nunca han estado en el pueblo, la ciudad o la provincia al que va su voto, pueden cambiar una mayoría. Se baraja la posibilidad de crear una nueva circunscripción, la 53, a la que irán todos los votos de los españoles en el exterior.

El País

La reforma electoral, a beneficio de PSOE y PP

El anuncio, el miércoles, de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega de que el Gobierno piensa en una reforma electoral debe de haber puesto nerviosos a los partidos nacionalistas. No hay aún detalles de por dónde iría esa reforma, pero sí están claras dos cosas:

-Para sacar adelante una nueva ley electoral, se necesita que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo.

-Si en algo están de acuerdo PSOE y PP en este asunto, es en lograr ambos más fuerza y disminuir la dependencia de sus futuros gobiernos respecto a los partidos nacionalistas (vascos, catalanes, gallegos, canarios...), que a cambio del apoyo en Madrid exigen fuertes contrapartidas para sus territorios.

En el alto estado mayor de los dos partidos y en el propio Ejecutivo se lleva tiempo trabajando en distintas hipótesis de reforma electoral. Una de las más mencionadas consistiría en esto:

- Se amplía el número de escaños del Congreso de los Diputados de los 350 que ahora tiene a 400. La ampliación no requiere reforma constitucional, porque la propia Constitución dice en su artículo 68 que el Congreso tendrá "un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados".

- 350 diputados se elegirían y asignarían como hasta ahora: por circunscripciones provinciales y aplicando la Ley D'Hondt.

- 50 diputados se elegirían y asignarían aplicando la Ley D'Hondt a una circunscripción única que es toda España. Así se paliaría algo la desproporción actual que sufren algunos partidos que logran mucho votos en total, pero pocos provincia a provincia, y a los que cada escaño les sale hasta ahora carísimo. Es el caso de, por ejemplo, IU.

¿Conseguiría esta reforma el efecto deseado por los grandes partidos? Veamos. Con los resultados en votos del pasado 9 de marzo, el Congreso quedó así: Total escaños, 350. PSOE, 169 escaños. PP, 154. CiU, 10, PNV, 6. ERC, 3, IU, 2. BNG, 2. CC, 2. UPyD (Rosa Díez), 1. Nafarroa Bai, 1.

Los 50 diputados nuevos, por circunscripción nacional, se hubieran repartido así (si mis cálculos con la Ley D'Hondt no me han fallado): PSOE, 25. PP, 22. IU, 2, CiU, 1.

Luego el Congreso tendría este reparto hipotético final. Total diputados, 400. PSOE, 194. PP, 176. CiU, 11. PNV, 6. IU, 4. ERC, 3. BNG, 2. CC, 2. UPyD, 1. Nafarroa Bai, 1.

Algunas consecuencias de todo ello:

-El PSOE tendría más fácil gobernar, pues dispondría de más combinaciones diferentes para sumar 201 votos en el Congreso a sus propuestas. (Y el PP, cuando gane las elecciones, también).

-A IU ya no le saldrían los escaños tan caros: ahora cada escaño le cuesta 481.000 votos, mientras con este sistema le costaría 242.000.

-Todos los partidos nacionalistas pierden peso, salvo CiU.

-Tanto a PSOE como a PP le saldrían más baratos los escaños. Ahora les cuestan 65.500 y 66.500 votos, respectivamente, y pasarían a costarles 58.185 y 58.392 votos.

¿Les conviene a los dos grandes partidos ir en esta dirección en la reforma electoral? ¿Lo harán así?

servido por arsenioescolar

Las tres grandes propuestas de cambio de la ley electoral

EN PORTADA

Las tres grandes propuestas de cambio de la ley electoral

Sólo hace un mes y medio que se constituyó la Cámara baja, y ya hay tres ofertas formales de cambio de la LOREG, y las han formulado IU, BNG y el partido de Rosa Díez, UPyD

JUANMA ROMERO - Madrid - 12/05/2008 07:30

1. El Congreso actual

La ley de 1985 fijó el Congreso en 350 diputados. Consagra la provincia como circunscripción y le asigna un mínimo de dos escaños (uno en Ceuta y Melilla). Los otros 248 diputados se reparten por población. El problema son los distritos pequeños (como Soria, dos escaños), que actúan como un modelo mayoritario. Hay 35 circunscripciones con seis diputados o menos.

La LOREG instituyó el mecanismo D’Hondt como fórmula matemática de adjudicación de escaños. Impuso una barrera legal baja: el 3%. Todo partido que no supere esa franja de votos en cada provincia no entra en el reparto.

El Congreso es, para la politóloga Paloma Román, “la Cámara más desproporcional de todas las proporcionales”. Pero ha dado ventajas: la gran estabilidad de los gobiernos.

2. IU: pasar a 400 diputados y crear una bolsa de restos

En IU manejan varias alternativas “para acordar”, y “no para confrontar”. La primera aboga por un Congreso de 400 diputados. Los primeros 350 se elegirían como ahora, y los 50 restantes saldrían de una bolsa nacional de restos.

¿Cómo se calcula ese segundo cuerpo electoral? Se suman los votos sobrantes de cada partido, los que no ha usado para lograr escaño en la provincia. Luego se adjudican las 50 actas según D’Hondt. Así se corregiría la representación de terceras fuerzas estatales.

IU oferta otras revisiones: bajar el mínimo provincial, que sea la autonomía la circunscripción electoral o pasar a la fórmula Sainte-Laguë.

“Hay que despejar las reticencias de CiU y PNV. No queremos restarles peso, sí a PP y PSOE, los grandes beneficiados”, justifica Llamazares.

3. BNG: la autonomía como base y garantías del voto secreto

Francisco Jorquera, portavoz del BNG, propone dos niveles de reforma, ambos ya registrados en la Cámara.

En el primero sitúa un cambio profundo de la LOREG. Pretende establecer la autonomía como circunscripción electoral, lo que obligaría a una reforma de la Constitución. El BNG reconoce que no le supondría crecer en diputados, a no ser que se redistribuyan los escaños, pero que lo reivindica “por coherencia” con su defensa con la España autonómica. Se plantea un Congreso de 350 escaños. Si es de 400, sin la bolsa de restos que propone IU.

En el segundo escalón, Jorquera sitúa reformas “importantísimas y más fáciles de acordar”: garantizar el voto secreto, libre y en urna de los emigrantes (el 12% del censo gallego) y restringir su derecho al sufragio en las municipales.

4. UPyD: Un doble colegio para restar a los nacionalistas

“Fuimos generosos con los nacionalistas. Ahora son profundamente desleales y crean tensiones institucionales”. Desde esa premisa aborda el partido de Rosa Díez la reforma de la ley, explica David Ortega, miembro de su Consejo Político.

Unión, Progreso y Democracia persigue un cambio que exigiría tocar la Carta Magna. En su proposición de ley, plantea el paso a la circunscripción autonómica y dividir el Congreso, de 400 diputados, en dos colegios. El primero repartiría 200 escaños por población. Los 200 restantes se elegirían en una circunscripción nacional entre aquellas listas que recaben votos en un conjunto de CCAA que sumen “al menos el 65% de la población”.

Buesa subraya que UPyD pide “más proporcionalidad” y una “merma” a los nacionalistas. “Es un cambio profundo, no el paripé que reclama IU”.

QUÉ DEFINE EL SISTEMA
Cuatro elementos para delimitarlo, y no sólo la fórmula D'Hondt

A. El tamaño de la cámara // Varios elementos intervienen en la configuración de un sistema electoral, no sólo la fórmula de adjudicación de escaños. La más inmediata es el tamaño de la cámara legislativa. Cuanto más grande sea, más cabida tiene la proporcionalidad. En España es de 350 escaños (400 permite la Constitución), algo pequeña para 45 millones de habitantes. El Bundestag alemán sienta a 612 miembros, y la Eurocámara, a 777. Dos ejemplos de modelo mayoritario: Francia (577 diputados) y Reino Unido (646).

B. La partición en distritos // El territorio se divide en porciones electorales: los distritos o circunscripciones. Cuanto más amplios sean, más favorece el reparto proporcional de actas. Por eso en España sacan mejor nota las asambleas de autonomías uniprovinciales (menos Asturias y Murcia). Para el Congreso, conviene tener el voto concentrado en las provincias, y no disperso y debilitado, como le ocurre a IU.

C. La fórmula electoral // El legislador español optó por la fórmula D’Hondt para convertir votos en escaños. No es la única opción. El politólogo Rubén Ruiz-Rufino ha elaborado simulaciones con la fórmula Hare o cuota simple, más proporcional pero con más riesgo porque abre la puerta a partidos hoy extraparlamentarios. Otra intermedia, utilizada en Noruega, Suecia o Nueva Zelanda, es la de Sainte-Laguë.

D. La barrera electoral // Es el umbral que tienen que superar los partidos para acceder al reparto de escaños.

Entonces, ¿es previsible el cambio? // No, dicen los expertos. El sistema se ha interiorizado. “No hay incentivos. Los partidos quieren poder”, sostiene Ruiz-Rufino.

Público

ROSA DÍEZ CREE QUE LA LEY ELECTORAL NO RESPETA EL ESPÍRITU DE LA CONSTITUCIÓN

ROSA DÍEZ CREE QUE LA LEY ELECTORAL NO RESPETA EL ESPÍRITU DE LA CONSTITUCIÓN

Servimedia
9 de mayo de 2008

La diputada y líder de UPyD, Rosa Díez, aseguró hoy que la actual Ley Electoral "vulnera el espíritu del artículo 23 de la Constitución, que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones".

Rosa Díez hizo esta consideración durante una conferencia pronunciada esta tarde el el Club Siglo XXI, titulada "Una piragua entre dos portaaviones" y en la que la ex eurodiputada socialista explicó el ideario y las propuestas de su nuevo partido.

A este respecto, Díez señaló que entre los cambios y "profundas reformas constitucionales" que hacen falta está la modificación de la Ley Electoral, ya que es necesario que "los votos de los ciudadanos tengan el mismo peso electoral, sea cual fuere el lugar de España en que vivan y la opción electoral que elijan".

La dirigente de UPyD explicó que la reforma electoral que plantea su fuerza política es que el Congreso tenga 400 diputados y que 200 de ellos sean elegidos en una circunscripción nacional, mientras que el resto serían designados por comunidades autónomas.

QUE HAYA "EQUIDAD" Según Díez, "no se trata de perjudicar a los nacionalistas; se trata de que los ciudadanos sean tratados con equidad por la ley". En esta línea, añadió que "con el sistema actual el ciudadano que vota a un partido que sólo se presenta en una región de España está sobrerrepresentado frente a quien vota a un partido de ámbito nacional".

A su juicio, con la actual Ley Electoral "se vulnera el espíritu del artículo 23 de la Constitución que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones".

En opinión de la líder de UPyD, la actual normativa electoral ha llevado a la consolidación "de un bipartidismo imperfecto, en el que los árbitros son partidos nacionalistas que con muy pocos votos son capaces de cuestionar la definición del modelo de estado".

Por otra parte, Díez aludió a que otras reformas que debe afrontar España son la de recuperación de determinadas competencias para el Estado, como es el caso de la educación o de la sanidad.

UPyD

IU PRESENTA SU PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

PRESENTA SU PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

IU se encomienda a Sainte-Laguë

- Propone sustituir la ley d'Hondt por este sistema electoral 'más proporcional'
- También plantea aumentar a 400 el número de diputados en el Congreso
- Otra medida sería crear un fondo de votos sobrantes para repartir los 50 nuevos escaños
- Con estos cambios IU pasaría a tener entre 11 y 12 diputados frente a los dos actuales

MADRID.- IU ya tiene un proyecto para cambiar la Ley Electoral. La formación que lidera Gaspar Llamazares ha propuesto una reforma que conllevaría sustituir la ley d'Hondt por el sistema Sainte-Laguë, aumentar hasta 400 el número de diputados en el Congreso, reducir a uno el mínimo de escaños por provincia y crear una "bolsa" o fondo estatal de restos de votos para repartir los 50 nuevos asientos en la Cámara Baja.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, defiende estas medidas "como una primera fórmula para propiciar el debate entre todos los Grupos y para que IU deje de ser la formación más perjudicada por la Ley Electoral, que consagra la falta de proporcionalidad en el reparto de escaños y la sobrerrepresentación de las provincias con menor número de población sobre el resto".

Llamazares ha dado cuenta de estas "líneas básicas" en una rueda de prensa en el Congreso y ha anunciado que solicitará una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para tratar sobre el cambio de la ley electoral.

De la Vega aseguró el miércoles que el Gobierno promoverá una subcomisión en el Congreso para estudiar la reforma de la norma electoral. Llamazares ha saludado "con cautela" este anuncio del Ejecutivo porque "no es la primera vez que se anuncia la reforma del sistema electoral y fracasa en el Parlamento", pero ha remarcado que su formación mantendrá una "actitud activa" en esta materia.

Con estas medidas presentadas por Llamazares, IU-ICV pasaría a tener entre 11 y 12 diputados frente a los dos con los que cuenta actualmente. El nuevo sistema sustituiría la ley d'Hondt por el sistema St.Lagüe, que es "uno de los que mejor cumple todas las propiedades de un sistema electoral proporcional cuando se aplica al tamaño de las circunscripciones", según IU.

Con este sistema "se mejora considerablemente la representatividad de la Cámara y, por tanto, tiende a situar al tercer partido en la posición de tercera fuerza parlamentaria", asegura IU. "El cambio es muy sencillo, ya que se trata simplemente de pasar de unos divisores 1, 2, 3, 4, como hasta ahora establece el método D'Hondt, a otros con una sucesión de 1, 3, 5, 7, 9, tal y como señala St. Lagüe", explica la formación.

"Con el sistema actual, IU -tercera fuerza nacional con cerca de un millón de votos en las pasadas elecciones generales, pero sexta en número de escaños en el Congreso-, es la formación que más sale perjudicada, como reconocen históricamente el resto de partidos estatales y de ámbito nacionalista, pero que hasta el momento se han negado a afrontar una reforma en serio", añadió Llamazares.

IU considera que su propuesta no conllevaría una reforma de la Constitución, sino que podría aplicarse sólo con la modificación de la actual ley del régimen electoral y no debería pasar más de un año para la reforma. Además, aclara que con sus propuestas "ninguna formación política, ni estatal ni de ámbito nacionalista, resulta particularmente perjudicada por los cambios planteados, que sólo tienen por objeto adecuar los votos logrados por cada uno a la representación final que obtenga".

IU quiere aumentar hasta 400, tal como permite el artículo 68.1 de la Constitución, el número de diputados para facilitar "la igualación del valor de cada voto en relación a la conquista de un escaño si se combina con una distinta fórmula electoral". Este incremento también se correspondería con el aumento experimentado de la población española.

Llamazares también aboga por fijar en uno el mínimo de escaños por circunscripción electoral -actualmente son dos- y, de esta manera, eliminar la "anacrónica" división provincial. Esta medida permitiría "liberar" 50 escaños y sustituir "el peso de las hectáreas por el de las personas".

Incluye en su reforma la creación de un "sistema de bolsa o fondo estatal único de los votos restantes de cada formación, una vez distribuidos el número de escaños". Llamazares destacó que "el actual sistema que recoge la Ley Electoral origina un gran número de votos perdidos, teniendo un índice de proporcionalidad muy bajo".

CiU advierte de que la reforma 'rompería el pacto constitucional'

El secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Felip Puig, advirtió de que un pacto de PP y PSOE para reformar la Ley Electoral obligaría a CiU a replantearse su papel en la política española, pues sería no sólo una "amenaza a corto plazo", sino un "intento de que el catalanismo y el nacionalismo vasco no vuelvan a tener voz propia en la política española".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Puig alertó de que se está entrando en una nueva etapa política en que se verán "grandes pactos entre el PP y el PSOE", por lo que auguró que será necesaria una "firme defensa" del autogobierno de Cataluña. "Ya lo están diciendo: reformar la Constitución, cerrar el modelo territorial e intentar arrinconar a los nacionalismos periféricos que ellos identifican como una molestia", argumentó Puig, que advirtió a PP y PSOE: "Si la Ley Electoral se reforma, los grandes partidos deben que saber que están rompiendo un pacto constituyente".

UPyD propone 400 diputados y la mitad elegidos en una circunscripción nacional

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también plantea que el Congreso de los Diputados pase a tener 400 diputados, de los cuales 200 serían elegidos en una circunscripción nacional en la que las fuerzas políticas deberían obtener un 65% de los votos en el conjunto del país. El partido de Rosa Díez también plantea mantener la Ley D'Hont, aunque eliminando el mínimo del 3% de los votos cuando se trata de comicios de carácter nacional.

El Mundo

El Gobierno quiere cambiar la Ley Electoral

Artículo publicado en 20minutos.es:

Tras 30 años en vigor, durante esta legislatura podría cambiarse una de las leyes más importantes de la democracia y también una de las más polémicas, la controvertida Ley Electoral a la que algunos acusan de ser injusta con los partidos con implantación nacional como IU, que lleva 20 años pidiendo que se modifique, o UPyD.

En principio, tal y como informa hoy el diario 'El Mundo', se creará una ponencia en el Congreso con la intención inicial de estudiar como se podría crear una circunscripción electoral para los españoles que no residen en nuestro país, pero el PSOE estaría dispuesto a ampliar el debate a otros niveles, con lo que se podría dar entrada a las reivindicaciones de algunos partidos. La condición del gobierno para llegar a cualquier acuerdo es que éste tenga un respaldo muy mayoritario que incluya al PP.

Una de las posibilidades que se barajan es ampliar el número de diputados de los actuales 350 a 400, de forma que los 50 nuevos escaños se repartiesen proporcionalmente según el número de votos totales obtenido por cada partido. En cuanto a la circunscripción exterior, esta se crearía también con nuevos diputados, sin reducir la representación de ninguna provincia; esta nueva 'provincia electoral' podría contar con una docena de representantes en el Congreso de los Diputados.

Ley Electoral Injusta

Via Socialismo y República y gracias a Ignacio Mancera Pascual que nos mandó un mail con el enlace a un análisis del reparto de escaños por provincia.

"Creo que este análisis aporta un estudio previo, sin atender a quién beneficia o perjudica la acutal ley, sino más bien centrándose en por qué el sistema está viciado de raíz. Por si os parece oportuno o interesante"

Nos parece oportuno e interesante y publicamos un extracto:

Un rápido vistazo a la tabla arroja las siguientes conclusiones:

- Las provincias con menor población se ven, por norma general, beneficiadas por el mínimo de dos diputados.

- Las provincias con mayor población se ven claramente perjudicadas.

- El coste de cada escaño presenta variaciones muy importantes entre las distintas provincias, desde los 38 mil electores por escaño de Soria o Teruel a los 128 mil de Barcelona y Madrid, o los 133 mil de A Coruña.

- Un escaño cuesta, por tanto, 3 veces más en algunas provincias que en otras.

- El coste por escaño dista mucho de ser homogéneo (esto es, los ejemplos anteriores no son casos aislados sino que encontramos provincias en todo el rango desde los 38 mil de Teruel a los 133 mil de A Coruña) y, por tanto, justo.

Accede al estudio completo de Ignacio Mancera pinchando aquí

Contiene tablas.

A vueltas con el sistema electoral

ANÁLISIS: LA CUARTA PÁGINA

A vueltas con el sistema electoral

La estabilidad de los partidos políticos y la cohesión interna de los gobiernos son los logros del actual sistema electoral. Por contra, la falta de proporcionalidad y las listas cerradas resultan aspectos negativos

Nunca en nuestra reciente historia democrática habíamos asistido a un debate tan intenso sobre nuestro sistema electoral como el que hemos presenciado antes, durante y después de las últimas elecciones generales. El penúltimo ejemplo lo hemos visto en la primera sesión del debate de investidura. Allí, el líder de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, exigió al candidato a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una reforma del actual sistema electoral y el líder socialista, por su parte, se comprometió a crear una comisión para estudiar esta posibilidad.

El interés de todo el debate generado en torno al sistema electoral está más que justificado, pues estamos hablando del conjunto de reglas que organizan el aspecto más esencial de la democracia: las elecciones periódicas y competitivas por las cuales elegimos a nuestros representantes políticos. Sin embargo, cuando hablamos y discutimos sobre el sistema electoral solemos centrarnos en los aspectos más negativos olvidando, creo que injustamente, los importantes logros que ha generado. Convendría, por tanto, hacer una pequeña reflexión sobre las luces producidas por una de nuestras instituciones políticas que ha permanecido intacta desde el inicio de nuestra democracia.

El sistema electoral español se ha empleado en diez ocasiones desde 1977, y dos han sido sus principales consecuencias positivas. En primer lugar, hay que destacar la escasa fragmentación del sistema de partidos. Así, el Congreso de los Diputados ha estado fundamentalmente dominado por dos grandes partidos que se han alternado en el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), y una serie de partidos menores, fundamentalmente nacionalistas y regionalistas, que han jugado papeles importantes en determinados momentos.

En segundo lugar, y gracias en parte a nuestro sistema de partidos, España ha disfrutado de una relativa calma institucional que ha tenido su mejor reflejo en la duración de los distintos equipos de gobierno. Como es bien sabido, la ley electoral establece que las elecciones se celebren cada cuatro años y, si observamos la duración de todos los gobiernos desde 1977, el valor medio ha sido de aproximadamente cuarenta meses, algo más de tres años. Hay que mencionar, por excepcionales, los tres primeros gobiernos bajo el mandato de la Unión de Centro Democrático (UCD). Con una duración media de unos veinte meses, estos tres gobiernos estuvieron además sometidos a una grave crisis en el propio partido que originó la existencia de gobiernos dirigidos por distintos responsables. Exceptuando estos equipos, que se pueden considerar de transición, los gabinetes formados a partir de octubre de 1982 se han caracterizado por su longevidad. Es más, desde las elecciones de 1996, todos los gobiernos resultantes han cumplido escrupulosamente el plazo legalmente establecido.

Junto a esta longevidad, la cohesión interna de los equipos de gobierno es otro rasgo positivo que ha definido a nuestro Poder Ejecutivo desde 1977. De hecho, la escasa conflictividad en los diferentes gobiernos es uno de los elementos fundamentales para comprender el asentamiento de la democracia en España. En tan sólo treinta años, España ha pasado de ser una dictadura a una democracia cuyo funcionamiento se puede equiparar perfectamente a las del resto de democracias europeas. Nuestro sistema electoral ha permitido la creación de cuatro gobiernos donde un partido ha ganado la mayoría absoluta de escaños en el Congreso de los Diputados y seis donde el partido vencedor ha estado en minoría parlamentaria. En estos últimos casos, hay que señalar que los gobiernos han sobrevivido gracias a apoyos parlamentarios con otras formaciones políticas y, curiosamente, no se han producido gobiernos de coalición. La ausencia de coaliciones en circunstancias que habrían favorecido su aparición es una particularidad del sistema político español. Si se observan datos de otras democracias occidentales, e Italia es un buen ejemplo, se aprecia que la forma de gobierno de coalición, esto es, un gabinete formado por miembros pertenecientes a dos o más partidos políticos, ha sido y es muy frecuente. Sin embargo, en España ha predominado la idea de que el partido ganador de las elecciones es el partido que controla el gobierno, a pesar de haberse dado las condiciones para generar gobiernos de coalición.

La ausencia de gobiernos de coalición y, sobre todo, las mayorías absolutas generadas por el sistema electoral han facilitado que los partidos en el gobierno hayan podido llevar a cabo las importantes reformas económicas y estructurales que han colocado a España en los vagones de cabeza entre las democracias más industrializadas. Es difícil imaginar que estos mismos logros se hubieran alcanzado si nuestro sistema electoral hubiera generado gobiernos inestables y poco duraderos. El ejemplo más cercano al que podemos recurrir es el sistema electoral empleado durante la II República. Y sus resultados no son precisamente alentadores. De 1931 a 1939 se celebraron tres elecciones generales que produjeron más de veinte gobiernos distintos. Sin duda, esta inestabilidad institucional fue uno de los factores negativos que impidió llevar a cabo las reformas que promovían los distintos partidos políticos y que además contribuyó a la polarización política con el resultado trágico que todos conocemos.

Por supuesto, estos efectos positivos generados por el sistema electoral español deben contraponerse a las consecuencias negativas que son las que han dominado el debate actual. La falta de proporcionalidad es, seguramente, el reproche más claro que podamos atribuirle. La desproporcionalidad afecta principalmente a partidos nacionales con apoyos sensiblemente inferiores a las grandes formaciones políticas. El ejemplo más contundente se encuentra en Izquierda Unida (IU), que en estas últimas elecciones ha vuelto a ser la tercera fuerza más votada y, sin embargo, se ha convertido en la sexta fuerza parlamentaria llegando incluso a perder su propio grupo en el Congreso de los Diputados. Pero junto a la desproporcionalidad, también hay que considerar la rigidez con la que los ciudadanos eligen a sus representantes.

El sistema de listas bloqueadas y cerradas puede generar al menos dos restricciones a los electores. Por un lado, restringe la libertad del votante para decidir al representante más preferido. El votante ve limitada su capacidad de elección a una única dimensión: la ideológica. Por otro, esa falta de capacidad del votante para elegir a la persona que lo represente tiene la consecuencia más grave en la ausencia de mecanismos para premiar o castigar la actuación de un diputado durante su mandato. El elector no puede responsabilizar a un representante concreto de la mala gestión realizada durante el periodo para el que fue elegido sin castigar a la formación política a la que pertenece. El votante no tiene, pues, una opción para castigar al mal político y a la vez votar por su fuerza política preferida. Como consecuencia de ello, el elector puede bien abstenerse o bien votar a su segunda opción política preferida. O dicho de otro modo, el propio sistema electoral podría estar promoviendo la abstención de ciertos votantes.

Estas sombras no son irresolubles y existen propuestas que tratan de solucionar, si no totalmente, al menos parcialmente estos defectos. Por ejemplo, a nuestro sistema actual se le podría añadir un colegio electoral de 50 diputados elegidos a nivel nacional que se repartieran de forma totalmente proporcional para reducir la desproporcionalidad que genera. Sin embargo, es injusto centrar toda la atención del debate en estas últimas cuestiones sin reconocer que disfrutamos de un sistema electoral que ha contribuido de manera fundamental al lugar que ocupa hoy España entre las democracias industrializadas.

Rubén Ruiz-Rufino es politólogo y autor del estudio La reforma del sistema electoral español en las elecciones al Congreso de los Diputados, publicado por la Fundación Alternativas.

El País