El Gobierno quiere circunscribir la reforma de la ley electoral a cuestiones de procedimiento que no impliquen una revisión del sistema como la planteada por Izquierda Unida. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el próximo día 27 solicitará al Consejo de Estado un informe sobre la modificación de distintos aspectos de la ley. Los límites de su propuesta quedarán fijados en esa consulta. Sin embargo, adelantó que su voluntad inicial es reformar determinados elementos del régimen electoral y no todo el modelo.
Fernández de la Vega, que expuso ante la comisión Constitucional del Senado sus prioridades para esta legislatura, dejó claro que 'a priori' el Gobierno se atendrá a aquellas modificaciones a las que se comprometió el PSOE en su programa para las generales del 9 de marzo, encaminadas a hacer que el voto en el exterior se pueda emitir en urna, garantizar el voto de las personas con discapacidad y mejorar el derecho al sufragio a través de nuevas tecnologías.
El programa socialista recogía, con todo, un cambio de mayor envergadura que exigiría reformar la Constitución porque proponía crear una circunscripción única para los emigrantes españoles, cuando la Carta Magna establece que la circunscripción electoral es la provincia. El Gobierno no renuncia a ello, aunque la vicepresidenta pasó de puntillas sobre este asunto consciente de que es el aspecto más polémico de su propuesta.
La número dos del Ejecutivo tampoco quiso echar por tierra las aspiraciones de formaciones que aspiran a alcanzar un modelo que redunde en un reparto más proporcional de los escaños como IU o UPyD. «Se puede ver y a este respecto hemos promovido una subcomisión en el ámbito de la comisión Constitucional del Congreso», recordó. Aún así, se curó en salud y añadió que «quizá no lleguemos a reformar todo lo que queremos».
La vicepresidenta también se refirió a la ya anunciada reforma de la ley de libertad religiosa y apuntó que el carácter laico del Estado exige una «mayor neutralidad» de la que hoy existe ante el fenómeno religioso «para evitar situaciones de discriminación de unas confesiones respecto a otras en una sociedad como la española, que es hoy una sociedad plural».
Fernández de la Vega, que expuso ante la comisión Constitucional del Senado sus prioridades para esta legislatura, dejó claro que 'a priori' el Gobierno se atendrá a aquellas modificaciones a las que se comprometió el PSOE en su programa para las generales del 9 de marzo, encaminadas a hacer que el voto en el exterior se pueda emitir en urna, garantizar el voto de las personas con discapacidad y mejorar el derecho al sufragio a través de nuevas tecnologías.
El programa socialista recogía, con todo, un cambio de mayor envergadura que exigiría reformar la Constitución porque proponía crear una circunscripción única para los emigrantes españoles, cuando la Carta Magna establece que la circunscripción electoral es la provincia. El Gobierno no renuncia a ello, aunque la vicepresidenta pasó de puntillas sobre este asunto consciente de que es el aspecto más polémico de su propuesta.
La número dos del Ejecutivo tampoco quiso echar por tierra las aspiraciones de formaciones que aspiran a alcanzar un modelo que redunde en un reparto más proporcional de los escaños como IU o UPyD. «Se puede ver y a este respecto hemos promovido una subcomisión en el ámbito de la comisión Constitucional del Congreso», recordó. Aún así, se curó en salud y añadió que «quizá no lleguemos a reformar todo lo que queremos».
La vicepresidenta también se refirió a la ya anunciada reforma de la ley de libertad religiosa y apuntó que el carácter laico del Estado exige una «mayor neutralidad» de la que hoy existe ante el fenómeno religioso «para evitar situaciones de discriminación de unas confesiones respecto a otras en una sociedad como la española, que es hoy una sociedad plural».
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