Izquierda Unida prepara un programa de movilización social
POR XAVIER NAVAZA
En ámbitos de Izquierda Unida en Madrid se ha extendido el temor de que la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para la cual el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprometido a impulsar una ponencia en la Comisión Constitucional del Congreso, pueda durar al menos dos años y aún así no satisfaga los deseos de su líder Gaspar Llamazares, que esta semana ha hablado de este asunto con el número dos del socialismo español, el lucense José Blanco.
Diputados socialistas y populares con amplia experiencia en trabajos de comisión, comparten los temores de IU e indican que -dada la complejidad de la reforma y la parsimonia habitual de los plazos en la Cámara Baja- dos años es un tiempo adecuado y racional para afrontar la modificación de una ley que ya tiene tres décadas sobre sus espaldas y fue realizada cuando aún no existían las comunidades autónomas y el voto de la emigración prácticamente no era más que un aliento residual.
Tras Llamazares, el diputado más acongojado por la posibilidad de dos años de debate en comisión -que haría literalmente imposible la aplicación de la reforma en las próximas elecciones autonómicas de Galicia- es el nacionalista Francisco Jorquera, quien junto a Olaia F. Davila representa al BNG en el Congreso y aspira a vender a precio de oro los dos escaños en la primera ocasión en que el Gobierno de Zapatero se encuentre con dificultades en la Cámara.
El objetivo de Izquierda Unida y del principal grupo que opera en su interior, el veterano Partido Comunista de España, es modificar la actual proporcionalidad del escrutinio electoral, que beneficia de un modo extraordinario a los dos grandes partidos (PSOE y PP) y amenaza con llevar a la extinción de los grupos menores que tienen implantación a escala estatal. El secretario general del PCE, Francisco Frutos, señala en este sentido que "la legislación electoral vigente se creó para pararle los pies a los comunistas" cuando, en los primeros días de la Transición, el establishment del tardofranquismo creía que los poderes ciudadanos de los comunistas eran muy superiores a lo que la realidad demostró después ante las urnas.
No será fácil que Llamazares se salga con la suya, por cuanto tanto socialistas como populares se encuentran muy cómodos con la situación. Esa constatación ha llevado a la cúpula de Izquierda a preparar un programa de movilizaciones sociales y de iniciativas políticas a dos años vista, el tiempo que todos esperan que durarán al menos los debates de la reforma electoral.
En cuanto a que los votos de la emigración sean regulados y homologados al resto de los votos de la ciudadanía española, es una cuestión que tiene menos problemas -socialistas y populares están de acuerdo- pero su tratamiento se integra en la reforma de la Ley Orgánica que regula los procesos electorales y por tanto se instala en el mismo calendario y en los mismos plazos. De llevarse a cabo, se aplicarían por primera vez en las elecciones generales de 2012, en contra de los deseos del BNG que quisiera ver resultados en 2009.
El Correo Gallego
Diputados socialistas y populares con amplia experiencia en trabajos de comisión, comparten los temores de IU e indican que -dada la complejidad de la reforma y la parsimonia habitual de los plazos en la Cámara Baja- dos años es un tiempo adecuado y racional para afrontar la modificación de una ley que ya tiene tres décadas sobre sus espaldas y fue realizada cuando aún no existían las comunidades autónomas y el voto de la emigración prácticamente no era más que un aliento residual.
Tras Llamazares, el diputado más acongojado por la posibilidad de dos años de debate en comisión -que haría literalmente imposible la aplicación de la reforma en las próximas elecciones autonómicas de Galicia- es el nacionalista Francisco Jorquera, quien junto a Olaia F. Davila representa al BNG en el Congreso y aspira a vender a precio de oro los dos escaños en la primera ocasión en que el Gobierno de Zapatero se encuentre con dificultades en la Cámara.
El objetivo de Izquierda Unida y del principal grupo que opera en su interior, el veterano Partido Comunista de España, es modificar la actual proporcionalidad del escrutinio electoral, que beneficia de un modo extraordinario a los dos grandes partidos (PSOE y PP) y amenaza con llevar a la extinción de los grupos menores que tienen implantación a escala estatal. El secretario general del PCE, Francisco Frutos, señala en este sentido que "la legislación electoral vigente se creó para pararle los pies a los comunistas" cuando, en los primeros días de la Transición, el establishment del tardofranquismo creía que los poderes ciudadanos de los comunistas eran muy superiores a lo que la realidad demostró después ante las urnas.
No será fácil que Llamazares se salga con la suya, por cuanto tanto socialistas como populares se encuentran muy cómodos con la situación. Esa constatación ha llevado a la cúpula de Izquierda a preparar un programa de movilizaciones sociales y de iniciativas políticas a dos años vista, el tiempo que todos esperan que durarán al menos los debates de la reforma electoral.
En cuanto a que los votos de la emigración sean regulados y homologados al resto de los votos de la ciudadanía española, es una cuestión que tiene menos problemas -socialistas y populares están de acuerdo- pero su tratamiento se integra en la reforma de la Ley Orgánica que regula los procesos electorales y por tanto se instala en el mismo calendario y en los mismos plazos. De llevarse a cabo, se aplicarían por primera vez en las elecciones generales de 2012, en contra de los deseos del BNG que quisiera ver resultados en 2009.
El Correo Gallego
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